Ante las declaraciones públicas realizadas por el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, ejerció su derecho a réplica y rechazó de manera categórica las acusaciones, afirmando que su accionar tuvo como único objetivo garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a una necesidad social urgente.
“El municipio no estafó a nadie. Lo que hicimos fue poner el cuerpo y dar una solución concreta a familias que no tenían dónde vivir, en un contexto de emergencia social real”, sostuvo Martínez.
El jefe comunal remarcó que no hubo engaño ni aprovechamiento, sino una decisión política clara frente a la ausencia de respuestas concretas durante años. “Las familias no fueron llevadas por redes sociales ni por promesas vacías. Estaban ahí porque necesitan un techo hoy, no dentro de cinco o diez años”, afirmó.
Martínez fue contundente al señalar que cuando el Estado provincial no llega, el municipio no puede mirar para otro lado. “Si garantizar derechos tiene consecuencias, estoy dispuesto a asumirlas. No voy a criminalizar la pobreza ni a desalojar familias para defender expedientes”, expresó.
Asimismo, aclaró que el municipio siempre estuvo dispuesto al diálogo institucional, pero consideró inadmisible que se intente responsabilizar políticamente al intendente mientras la obra lleva años inconclusa. “Hablan de un proyecto que estuvo paralizado, abandonado y sin respuestas claras. Mientras tanto, la gente seguía esperando”, subrayó.
“El verdadero debate no es la titularidad de un predio, sino qué Estado queremos: uno que se escude en lo administrativo o uno que actúe frente a la urgencia social”, agregó.
Finalmente, Javier Martínez reafirmó su compromiso con los vecinos de Margarita Belén:
“Voy a estar siempre del lado de la gente. La dignidad no se posterga, y el derecho a la vivienda no puede ser tratado como una irregularidad”.
