Un manifestante de 26 años será ejecutado en las próximas horas por la República Islámica después de que, según informes, las autoridades no le ofrecieran la oportunidad de defenderse ante un tribunal.
A Erfaneh Soltani, quien será ejecutado, se le negó cualquier proceso legal o un abogado defensor, según el Departamento de Estado de EE. UU.
Si bien Irán asesinó a miles de personas en las manifestaciones, un funcionario iraní declaró a Reuters que Soltani es el primero condenado a muerte sin juicio previo.
Las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y la Unión Nacional para la Democracia en Irán informaron que ejecutarán al manifestante en la horca.
“Esta vez, el régimen de la República Islámica ni siquiera se molestó en realizar su habitual juicio simulado de 10 minutos”. Así lo declaró el Departamento de Estado de EE. UU. Irán usa frecuentemente la tortura y las amenazas para obtener confesiones bajo coacción.
La Organización Hengaw para los Derechos Humanos publicó que arrestaron Soltani en su domicilio particular el jueves 8 de enero. Esto fue tras participar en una protesta en Karaj, reportó Enlace Judío.
Informaron a la familia de Soltani días después de dictarse la sentencia de muerte. Solo tendrán una breve oportunidad de 10 minutos para reunirse con él antes de su ejecución.
A sus familiares se les negó el acceso a cualquier información sobre los cargos, el expediente o los procedimientos judiciales, según informó la organización de derechos humanos. The US Sun informó que la sentencia fue por el delito de “librar una guerra contra Dios”.
El director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró en un comunicado que “la matanza generalizada de manifestantes civiles en los últimos días por parte de la República Islámica recuerda los crímenes del régimen en la década de 1980, que se reconocen como crímenes de lesa humanidad”.
“El riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes es extremadamente grave”, añadió el comunicado.
“En virtud de la Responsabilidad de Proteger (R2P), la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles de las masacres perpetradas por la República Islámica y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hacemos un llamamiento a la población y a la sociedad civil de los países democráticos para que recuerden a sus gobiernos esta responsabilidad”, escribió Amiry–Moghaddam.
Una fuente declaró a IranWire que el extrabajador minorista “había recibido mensajes amenazantes de las fuerzas de seguridad antes de su arresto, pero continuó insistiendo en su lucha y actividad, participando en las protestas. Informó a su familia que estaba bajo vigilancia y que, a pesar de las amenazas, no había cedido en su cargo”.
Las protestas, provocadas por las graves condiciones económicas, han supuesto el mayor desafío interno para los gobernantes clericales de Irán en al menos tres años.
Las autoridades iraníes han intentado adoptar un enfoque dual ante las manifestaciones, calificando de legítimas las protestas por los problemas económicos y aplicando una dura represión.
“El gobierno considera a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes como sus hijos. En la medida de lo posible, hemos intentado y seguiremos intentando escuchar sus voces, incluso si algunos han intentado secuestrar estas protestas”, declaró el martes la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.
Irán ejecutó a 1.922 personas en 2025, la cifra más alta en más de una década, según anunció la organización iraní de derechos humanos Activistas de Derechos Humanos en su informe estadístico anual de 2025. El informe señaló que “el 95% de las ejecuciones se llevaron a cabo en secreto o sin anuncio público”.
La semana pasada, en medio de las manifestaciones generalizadas, el medio de comunicación judicial iraní Mizan informó que ejecutaron a Ali Ardestani tras acusarlo de espiar para Israel.
Las ejecuciones de iraníes condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente durante el último año, tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio.
En los últimos años, la Guardia Revolucionaria ha detenido a decenas de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, principalmente por cargos relacionados con espionaje y seguridad.
Grupos de derechos humanos y algunos países occidentales han acusado a la República Islámica de utilizar estas detenciones para obtener influencia en las negociaciones. Teherán niega haber arrestado a personas por motivos políticos.
