El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución y liquidación de la empresa estatal Corredores Viales SA, creada en 2019. En su lugar, la administración de los corredores viales será concedida a empresas privadas, que podrán cobrar peajes a los usuarios.
El anuncio se produce pocos días después de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense y más de 20 intendentes denunciaran la falta de mantenimiento en las rutas y un presunto desvío de fondos por parte del Gobierno de Javier Milei y Corredores Viales.
El Ejecutivo confirmó la privatización de la empresa estatal encargada del mantenimiento y construcción de rutas, autopistas y autovías nacionales. Hasta ahora, esta entidad garantizaba la conectividad interprovincial y con los países del Mercosur.
Durante su conferencia en Casa Rosada, Adorni destacó el nuevo enfoque del Gobierno, que prioriza la rentabilidad y la inversión privada. «El Estado deja de ser constructor y administrador vial para convertirse en promotor y supervisor del desarrollo privado», afirmó.
Sin embargo, la medida ha generado controversia. Durante su declaración, Adorni afirmó que «la patria contratista se terminó», aunque críticos sostienen que la privatización solo cambiará los actores que gestionan la infraestructura sin modificar el esquema de negocios.
El proceso de privatización
La privatización se llevará a cabo mediante contratos de concesión de obra pública. El mantenimiento y gestión de las rutas que actualmente administra Corredores Viales SA serán transferidos al sector privado. Según el Gobierno, la empresa presenta un déficit de casi $270.000 millones y el 45% de las rutas a su cargo registra «deficiencias».
La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableciendo un nuevo modelo de administración vial. El decreto detalla que la privatización se enmarca en la Ley Nº 17.520 y sus modificaciones, lo que implica la transferencia de la gestión y el mantenimiento de los corredores viales a concesionarios privados.
Un informe gubernamental que acompaña el decreto revela que 45% de los 3.402 kilómetros de traza vial gestionados por Corredores Viales presenta deficiencias. Además, se detalla que la empresa reportó pérdidas por más de $142.205 millones en 2023, con un déficit acumulado superior a $268.676 millones. Para sostener sus operaciones, el Tesoro Nacional transfirió más de $301.010 millones en el último año, un esquema que el Gobierno considera insostenible. La privatización busca reducir la carga fiscal y fomentar la inversión privada.
¿Cómo será la privatización?
El Ministerio de Economía liderará el proceso de privatización junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La empresa será disuelta y liquidada una vez adjudicadas las concesiones a operadores privados.
A diferencia de otras privatizaciones, el proceso no incluirá un programa de propiedad participada ni preferencias para trabajadores o inversores locales. Se prevé que en los próximos meses se realicen las licitaciones para adjudicar los distintos corredores viales.
Rutas y autopistas afectadas
Corredores Viales administra más de 6.000 kilómetros de rutas, lo que representa un tercio del tráfico de la red troncal del país. Entre los tramos que cambiarán de administración se incluyen rutas clave en distintas provincias.
Si bien el Gobierno sostiene que la medida mejorará la conectividad y la eficiencia, sectores opositores y sindicatos advierten que la privatización podría derivar en mayores costos para los usuarios y una reducción de la supervisión estatal en materia de seguridad y calidad del servicio.
