Más de una docena de medidas policiales se llevan adelante por la denuncia realizada por la interventora del disuelto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular
Un amplio operativo policial se desplegó hoy en la localidad de Fontana, con la ejecución de más de una docena de allanamientos en el marco de una investigación por corrupción vinculada a piqueteros y exfuncionarios del disuelto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La intervención responde a una denuncia realizada por la interventora del mencionado instituto, Clelia Ávila, que alertó sobre posibles irregularidades en la administración de fondos y recursos.
Desde las primeras horas de la mañana, equipos especializados de diversas divisiones policiales se movilizó en la zona.
Las acciones incluyen la realización de mediciones técnicas, tomas fotográficas y otras tareas periciales necesarias para avanzar en la investigación.
SOSPECHAS DE GRAVES HECHOS DE CORRUPCIÓN
Cuando a inicios de 2024, el IAFEP fue intervenido, se descubrieron distintas irregularidades que derivaron en varias presentaciones a la Justicia provincial. También, el Ejecutivo provincial envió un proyecto de Ley para disolver el instituto al considerarlo una «usina de corrupción», algo que fue aprobado a principios de julio.
Desde el Gobierno cuestionaron a la gestión anterior y señalaron que solo el año pasado se destinaron 16.500 millones de pesos y que solamente para los pequeños productores se giró 190 millones y para los consorcios de ladrilleros 154 millones, lo que representa un insignificante porcentaje de un presupuesto que, denuncian, «se dilapidó» .
«Para Emergencia Habitacional se destinaron 10 mil millones de pesos, son las famosas casas que no sabemos dónde están o que están sin terminar. Para Infraestructura Social se destinaron 2 mil millones ¿qué era Infraestructura Social? eran los barrios de las casas que se construían vía IAFEP, esos barrios tenían que tener luz, ripio y hemos encontrado barrios donde habitan personas con discapacidad que no tenían calles, estaban sin luz, estamos tratando de solucionar el abandono que han sometido a la población», cuestionó el Secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, tras la promulgación de la disolución.
«Todo ese dinero, los 16.500 millones se lo llevaban unas 400/500 organizaciones sociales, casi todas fundadas para este fin. Disolver el IAFEP le permite hoy al Gobierno provincial hacer frente a las obligaciones salariales, le permite pagar los aguinaldos en tiempo y forma y le permite ser una de las pocas provincias que paga los salarios por arriba de la inflación», acusó el funcionario. Todo esto, hoy objeto de investigación.
