Después de haber sido condenada a fin de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación acusada de corrupción en el otorgamiento de obras a Lázaro Báez, la vicepresidenta accederá hoy a los fundamentos que tuvo en cuenta el TOF N°2.
Este jueves 9 de marzo será un día atravesado por la agenda judicial. Ocurre que la Justicia federal dará a conocer los fundamentos de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la llamada Causa Vialidad. A diferencia del pasado 6 de diciembre cuando los integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 hicieron una audiencia que se transmitió en vivo para comunicar las penas, esta vez sólo se notificará a las partes vía sistema informático.
La vicepresidenta y titular del Senado fue condenada ese día a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, de menor escala a la asociación ilícita, delito por el que la habían acusado los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola.
El juicio se desencadenó con la elevación que hizo el juez federal Julián Ercolini de una causa que investigó a partir de una denuncia de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri. Todo partió por una auditoría encargada por el entonces titular del organismo, Javier Iguacel, que hablaba de supuestas obras sin terminar o sin hacer pero anticipos financieros millonarios.
Ese supuesto esquema ilícito puso énfasis en las obras otorgadas al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y cercano a los Kirchner, que recibió también una pena de seis años de prisión por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. Los firmantes de ese veredicto y de los fundamentos que se conocerán hoy son los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Vale recordar que a partir de la condena en esta causa por la obra pública en Santa Cruz Cristina Kirchner sostiene públicamente que es víctima de una proscripción orquestada por los medios de comunicación y el Poder Judicial. En ese marco, y con la consigna «Frenemos la proscripción», La Cámpora junto a otras organizaciones políticas del riñón kirchnerista realizaron una vigilia en Plaza Lavalle para esperar los fundamentos.
En tanto, también es menester señalar que los motivos que tuvieron en cuenta los jueces para condenarla se darán a conocer un día antes de su aparición en un acto en Río Negro, donde se espera que de un discurso bajo el título “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. Será este viernes 10 de marzo en la Universidad Nacional de Río Negro, donde le entregarán el título honoris causa.
La cronología de la primera condena a una vice en ejercicio
La denuncia inicial fue radicada en abril de 2016, pocos meses después del desembarco del Gobierno de Macri en la Casa Rosada. El informe que le sirvió de sustento a Iguacel se tituló «Avance de Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito Santa Cruz», y describía las supuestas irregularidades a pesar de que luego, en el juicio, se ventiló una de las conclusiones que decía que «no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia (…)» y que «los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las obras».
La denuncia quedó en manos de Ercolini, que el 12 de septiembre de 2016 llamó a indagatoria a los imputados, entre ellas Cristina y ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario José López. Después de esa etapa, el juez dictó los actos de procesamiento: fue el 27 de diciembre de 2016, con embargos por hasta 10 mil millones de pesos.
Un año después, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, confirmaron ese fallo, ratificado el 2 de noviembre por la Cámara de Casación con la firma de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El 2 de marzo de 2018, en tanto, se conoció el pedido de elevación a juicio.
Al referirse a los imputados, consideró, por ejemplo, que Cristina «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad». En el caso de Báez, el magistrado le atribuyó haber participado del montaje «de la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado».
El juicio que termina con los fundamentos
El 21 de mayo de 2019, la entonces senadora llegó con Carlos Beraldi a la Sala Amia de Comodoro Py para presenciar el inicio del proceso oral. A lo largo del juicio, Cristina declaró tres veces: el 2/12/19 fue indagada, el 23/09/2022 expuso en defensa propia en el cierre del periodo de alegatos y el 29/11/2022 dio sus «ultimas palabras» antes del veredicto.
Después de la primera indagatoria comenzó el proceso de declaración de testigos, que se extendió hasta 2021 a causa de la pandemia de coronavirus. Declararon desde ex diputados nacionales hasta empresarios y ex funcionarios como el actual ministro Sergio Massa o el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el presidente Alberto Fernández, todos en calidad de ex jefes de Gabinete.
En el medio, mientras se acercaba la etapa final del proceso, la Corte Suprema jugó sus cartas. El Máximo Tribunal tenía pendiente expedirse respecto a recursos de queja presentados por la vicepresidenta, entre ellos uno que sostenía que el objeto del proceso era cosa juzgada en Santa Cruz y otro que cuestionaba que el juicio se basaba en la pericia de solo 5 de las 51 obras realizadas por Báez y puestas en el foco.
Esos planteos fueron rechazados 21 de junio pasado con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El 11 de julio del 2022 comenzó la ronda de alegatos, que terminó con un pedido de condena a 12 años de prisión para la actual vicepresidenta por parte de los fiscales Mola y Luciani.
