El letrado que logró la condena para los asesinos de Fernando Báez Sosa se postulará en las próximas elecciones de octubre por el Movimiento de Integración Federal, un partido propio.
“Voy a ser candidato a gobernador seguramente, porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del ’83 hasta hoy”, afirmó durante una entrevista en TN. En diciembre, el letrado había anunciado su intención de presentarse a las PASO de este año, cuando lanzó su partido político Movimiento de Integración Federal. Ahora, ratificó la decisión y apuntó a las fuerzas que gobernaron desde la vuelta a la democracia: “La política desaprobó en materia salud, educación, seguridad… no aprobamos una sola materia”.
“La intención fue generar un grupo donde se pueda incluir en la política a aquellos a los que se le cierra la puerta: el pueblo”, señaló respecto a su fuerza partidaria. Y cuestionó a los dirigentes que solo piensan en su patrimonio. Durante la entrevista televisiva, Burlando también criticó a los sucesivos gobiernos bonaerenses y sostuvo que dejaron un «agujero negro».
“La Provincia es una de las más castigadas. Hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos, los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel″, expresó.
Además, contó que nació en la ciudad de La Plata y que por su carrera siempre recorrió la provincia. «Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quiénes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, sostuvo. Finalmente, enumeró una suerte de plataforma electoral, con 10 puntos claves para abordar, entre los que destacó la pobreza, la educación, Justicia y seguridad.
«En los equipos que tenemos trabajando estamos dirigiendo todo para tratar de solucionar temas urticantes para la Provincia”, sentenció Burlando, quien cuestionó al presidente Alberto Fernández por no cumplir con el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a devolverle fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
