A través de dos escritos firmados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, la administración de Alberto Fernández pidió al máximo tribunal que se deje sin efecto la resolución que favoreció a la Ciudad.
Este martes el Gobierno nacional le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que dé marcha atrás con su propio fallo. A través de una serie de escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de la Corte Suprema y a la vez planteó la revocatoria del fallo dictado la semana pasada, en donde se obliga al Estado a entregar el 2,95% de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno dijo que la Corte, con la cautelar emitida, «excede sus competencias constitucionales» y «afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios».
«Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN», sostuvo el Gobierno en uno de sus escritos.
«La sentencia soslaya, a pesar de invocar el federalismo de concertación, que, en esta última hipótesis adoptada por el Alto Tribunal, sería necesario rediscutir el régimen de coparticipación de manera general, con la intervención de todas las jurisdicciones», añade.
Con esta acción, la gestión de Fernández -a través de Zannini- ejecutó lo que el jefe de Estado ya había anunciado ayer, lunes, a través de una serie de tuits, luego del comunicado del jueves pasado por parte del presidente y un grupo de gobernadores que se trataba de un fallo de cumplimiento imposible y se habló de la idea de desacatar la resolución del máximo tribunal, que desató una serie de denuncias penales por parte de la oposición.
Al mismo tiemp que se recibieron en el máximo órgano judicial dichos escritos, también desde la gestión de Larreta presentaron uno en el que se informa que es Estado nacional está incumpliendo el fallo porque ya no le depositó el dinero que debía salir desde los fondos del Banco Nación para comenzar a cumplir con la cautelar.
Cabe resaltar que ambos planteos quedarán para el 2023 ya que solo quedan dos días de actividad judicial de 2022 y durante enero, el Poder Judicial está en receso de verano y solo tramitan cuestiones urgentes.
