El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un nuevo hábeas corpus para evitar el traslado a una cárcel federal del hombre de 63 años, aún sin procesamiento ni condena.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco volvió a intervenir judicialmente en defensa de D.R.V., un docente jubilado de 63 años detenido en Resistencia el pasado 2 de julio, acusado de haber amenazado en redes sociales al presidente Javier Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a varios periodistas.
La nueva presentación judicial, un hábeas corpus correctivo, busca evitar que el imputado sea trasladado a una unidad penal federal, como la Unidad N.º 7 de Resistencia o alguna otra del país. El Comité considera que dicha medida pondría en serio riesgo su integridad física, dado que no está procesado ni condenado, y su confinamiento junto a población carcelaria común sería “desproporcionado y contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Según denunció el organismo, el jubilado fue inicialmente detenido en condiciones precarias, sin acceso a cama, colchón ni sanitarios adecuados. También carecía de defensa técnica y fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, donde recibió amenazas de traslado a la Ciudad de Buenos Aires, lejos de su entorno familiar.
Ante esta situación, el Comité presentó el primer hábeas corpus ante la jueza federal Zunilda Niremperger, quien ordenó garantizar condiciones mínimas de detención y atención médica, teniendo en cuenta que el detenido padece hipertensión crónica. También solicitó evitar su exposición mediática y asegurar la comunicación con su defensa.
Actualmente, D.R.V. se encuentra alojado en la sede de la Policía Federal de Resistencia, ubicada en calle Colón 234. Allí se constató una mejora en sus condiciones: tiene cama, acceso a medicación, atención médica y visitas familiares. Su defensa quedó a cargo de la defensora pública oficial Florencia Plazas, de los tribunales federales de Buenos Aires.
El jubilado ya fue indagado por el juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4 de la Capital Federal, quien le informó sobre los cargos en su contra. Su defensa solicitó la excarcelación, pero el pedido fue rechazado. La decisión fue apelada y se encuentra en revisión.
Paralelamente, el Comité chaqueño interpuso un segundo hábeas corpus para evitar el eventual traslado del detenido a una cárcel federal. Sin embargo, esta vez la jueza Niremperger rechazó el planteo, al considerar que la definición del lugar de alojamiento es competencia del juez de la causa. Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia la que deberá resolver si avala o no esa decisión.
Desde el Comité reiteraron su preocupación por un posible traslado: «D.R.V. no está procesado ni condenado. Enviarlo a una cárcel federal sería exponerlo a condiciones incompatibles con su estado de salud y situación legal», advirtieron.
En este contexto, el organismo solicitó formalmente que el hombre continúe detenido en la sede de la Policía Federal de Resistencia hasta que se resuelva su situación procesal.
El origen de la causa que derivó en la detención del jubilado chaqueño
El hecho que motivó la detención del docente jubilado chaqueño de 63 años fue una serie de amenazas difundidas en redes sociales contra el presidente Javier Milei, periodistas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Durante el allanamiento a su vivienda, las autoridades secuestraron armas, cuchillos y diversos dispositivos electrónicos.
Según fuentes oficiales, la investigación se inició hace casi cuatro meses a partir del trabajo de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A través de tareas de ciberpatrullaje, los agentes detectaron una cuenta de Facebook operada bajo el seudónimo “Elpidio Sánchez”, desde la cual se publicaban mensajes con amenazas explícitas dirigidas al presidente Milei, al diputado José Luis Espert y a los periodistas Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul, entre otros.
La gravedad del contenido impulsó la intervención judicial, que culminó con el operativo realizado el 2 de julio en la ciudad de Resistencia, donde el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la justicia federal.
