Los familiares del joven ejecutado por uniformados en Chaco en 2022 entraron en estado de alerta luego de que los fiscales dicidieran no acusar a los autores. La sentencia será pronunciada el 12 de noviembre. «Espero que tengamos que decir que se hizo justicia. Espero que se los condene», dijo Nora Nieto, mamá de Leandro.
Un nudo en la garganta les quedó a los familiares de Leonardo Bravo luego de que la defensa de los cuatro policías imputados solicitara que ellos sean los enjuiciados, junto con las peritos y dos testigos, porque supuestamente habrían mentido. Sucedió durante los alegatos en el juicio por el asesinato de este joven, ocurrido en Charata en 2022, y luego de que la querella solicitara la prisión perpetua para los uniformados por torturas seguidas de muerte y falsedad ideológica, y de que la fiscalía –sorpresivamente– pidiera su absolución. La sentencia de este juicio oral será pronunciada el 12 de noviembre por el tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Carlos Clauster, Lorena Cimbaro Canella y Sergio Benito.
«El Comité para la Prevención de la Tortura y la subsecretaría de Derechos Humanos, junto a la querella de la familia hicimos todo, lo dimos todo, lo dejamos todo, pero tenemos muchas dudas, ahora dependerá de la resolución del tribunal. Espero que tengamos que decir que se hizo justicia. Espero que se los condene. La verdad es que tienen demasiadas pruebas como para dejarlos en libertad», dijo la madre de Leonardo, Nora Nieto.
«En 22 años de carrera nunca ví algo así», dijo a Página12 el abogado de la familia, Jorge Ferronato respecto de la falta de acusación de la fiscal de Cámara, Silvana Rinaldis, quién no sostuvo la imputación con la cual los acusados llegaron a juicio y, además, criticó la investigación de su par, la fiscal de Derechos Humanos adjunta, Silvia Slusar. El letrado destacó que al menos tendría que haber acusado por tipos penales más leves, como para dejar a salvo su función dentro del Estado, pero ni eso sucedió. Este hecho casi inédito, sumado al intenso lobby pro policial desplegado durante todo este caso por parte de familiares de los acusados, amparados y tolerados por el poder político chaqueño, hacen temer a la querella respecto de que el juicio termine con una sentencia absolutoria, a pesar de la contundencia de las pruebas. Sobre la acusación de la defensa contra la querella por falso testimonio, Ferronato cree que no va a prosperar.
El miércoles pasado, la fiscal Rinaldis señaló en su alegato que fueron el consumo de alcohol y de las sustancias, y su estado de salud los que ocasionaron la muerte de Leo, como lo apodaban. Según su postura, no se probó “en ningún momento” que los cuatros policías acusados hayan generado una acción que se pueda calificar como tortura. Sin embargo, la fiscal omitió referirse a las quemaduras que Bravo presentaba en sus hombros y que, en sus testimonios, la directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial, Gabriela Lamparelli, y su colega Eduardo Schelover afirmaron que fueron producidas por el calor del capot del móvil policial en la infernal siesta del 26 de febrero de 2022.
El abogado del Comité para la Prevención de la Tortura, Roberto Sotelo, manifestó estar “tristemente sorprendido” por la actuación del Ministerio Público Fiscal. “Es decepcionante el rol de la fiscal de Cámara. ¿Quién no le va a tener miedo a la policía si la fiscal no acusa?”, manifestó Sotelo, quien estuvo acompañado por Romina Duarte en la querella del Comité. Para Sotelo, el juicio demostró que Bravo fue perseguido, aprehendido y asfixiado hasta la muerte.
La acusación
En diálogo con este diario, el abogado querellante Ferronato explicó cuáles son los tres pilares de su acusación. «Se probó que hubo hostigamiento y persecución sin orden judicial, Leo no estaba cometiendo ningún ilícito, por parte del oficial Freitas Noguera. En la esquina de Patricios y 9 de Julio hubo todo tipo de golpes, quemaduras contra la camioneta. Y le produjeron la compresión de su cuello y tórax de manera intermitente que le provocó a Bravo la asfixia mecánica traumática», detalló.
Ferronato destacó que toda la evidencia –testimoniales, filmaciones, informes técnicos, el dictamen pericial de la doctora Lamparelli– le pone palabras al asunto: tortura seguida de muerte, artículo 144 del Código Penal, sobre Fleitas Noguera, Enzo Gómez y Franco Sosa. Gómez es un partícipe primario, y los otros son ejecutores». El letrado precisó que «a todo el padecimiento psicológico y las torturas seguidas de muerte hay que sumar un manto de impunidad que pretendieron tender, cuando Fleitas va a buscar a Bety Scalone a su casa para hacerle hacer una denuncia falsa, como que Leo quiso entrar a robar a la casa de un vecino». Y agregó que «también lo quiso criminalizar mediáticamente a Leo diciendo que un vecino había llamado al 911, lo cual es falso».
Cuando Scalone declaró como testigo dijo que Fleitas la llevó a la fuerza, y pretendió hacerle firmar un escrito. «Cuando ella ve que el papel decía ‘denuncia’ le dijo que no lo iba a firmar porque eso era falso, enfatizó que Leo no quiso entrar a robarle. Fleitas insistió, modificó un poco el texto y la mujer terminó firmando porque tuvo miedo y se quería ir. Durante el juicio Scalone ratificó que todo lo que decía ese escrito era falso. Por eso se agrega la falsedad ideológica de ese documento introducido por Fleitas», dijo el abogado Ferronato.
Acoso policial
En una carta pública, Nora Nieto, describió que «el 26 de febrero de 2022 a las 14:31, Leandro, mi hijo, le escribió a su hermana porque la policía lo estaba siguiendo y le avisó que se refugiaba en la casa de un amigo. Veinticinco minutos después salió con un primo en moto. Cuando se cruzaron con un patrullero, Leo se bajó por miedo. Su primo siguió, y Leo pidió ayuda a una vecina, pero a partir de ahí comenzó el hostigamiento». En su relato, Nieto expresó que «la policía lo siguió por dos manzanas hasta que, finalmente, se paró bajo la sombra de un árbol, levantó las manos mostrando que no tenía nada. Lo rodearon, lo tiraron al suelo y lo empezaron a torturar. Después lo llevaron al hospital, pero ya estaba muerto. Todo ocurrió en 47 minutos».
Sin embargo, el acoso no comenzó ese día. Leo venía siendo hostigado por la policía. «En 2017, una golpiza lo dejó en terapia intensiva con fractura de maxilar. Él vivía en un edificio donde se mudó una persona violenta. Cuando intentaron que ese hombre se fuera, llegó un patrullero que lo defendió y atacó a mi hijo. Desde entonces, tenía miedo. Mi hijo no era un delincuente, como intentaron hacer creer. Esa misma noche, los medios dijeron que había intentado robar, pero los testigos, sólidos en sus declaraciones, contaron otra historia. Los policías lo persiguieron sin razón, y ahora, de los 12 que participaron en el operativo, sólo 4 están imputados por golpearlo. Los demás no lo golpearon, pero lo encerraron, y son igualmente responsables», dijo Nieto.
La madre de Bravo enfatizó que el inicio del juicio se dio «peleando solos, contra el Estado, contra el Poder Judicial, contra el Gobierno y la Policía. Mis hijas hicieron un trabajo increíble recopilando cámaras que el fiscal no se molestó en buscar, mostrando todo lo sucedido». Y mencionó un episodio preocupante. «En estos días apareció una camioneta sin patente, con tres personas adentro, y se bajaron a preguntar dónde vivía tal persona, que es un testigo importante de la causa. Mandamos notas al Ministro de Seguridad y al Jefe de la Policía de Chaco, para que resguarden a los testigos y, si pasa algo, sepan que tenía que ver con el caso de Leandro. Sabemos que no nos devolverán a Leo, pero buscamos justicia para que esto no vuelva a suceder», concluyó la mujer.