Porque «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», afirmaron desde la Secretaría de Comercio.
El Gobierno nacional derogó 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio».
«El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria», afirmó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, a través de un comunicado.
Las 69 normas «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», señaló la Secretaría de Comercio.
El organismo indicó que «se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios».
El Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, fue uno de los incluidos en las derogaciones, como también el Sipre, un régimen de control de precios y cantidades.
«Las normas obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», dijo Comercio. «Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», expresa el comunicado.
Además se eliminaron normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, que establecían su supervisión y cumplimiento. Se derogaron regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados y cualquier norma de Precios Justos.
La Secretaría explicó que «estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país».
Se derogó el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, y se pretende «que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real».
Dentro de las políticas de desregulación del comercio se derogaron normas relacionadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.
También se derogó la obligación que tenían los frigoríficos de informar cada semana sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores «que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».
