La Coalición Cívica y Republicanos Unidos hicieron una presentación ante la Justicia para avanzar contra Alberto Fernández, sus ministros.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue denunciado penalmente tras haber anunciado que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que emitió una medida cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo de fondos de coparticipación.
Una de las presentaciones fue realizada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, mientras que los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos, hicieron una por otro lado.
Las denuncias alcanzan también a los ministros del Gobierno nacional, con el argumento de que los funcionarios están incurriendo en los delitos de “alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”.
“El comunicado del Poder Ejecutivo significa simple y claramente una desobediencia judicial a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Implica desobediencia de los deberes de funcionario público», afirmó Carrió, quien agregó: «Instruí al partido para que hagan la denuncia correspondiente. La verdad es que era previsible. Si el gobierno ahora choca, va a perder”.
EL PRESIDENTE ANUNCIÓ QUE NO ACATARÁ EL FALLO
Tras reunirse con un grupo de gobernadores, el Presidente Alberto Fernández anunció la decisión que no acatará el fallo, también anticipó que recusará a los jueces y pedirá la revocatoria de la decisión.
Además, calificó a la resolución judicial de tener carácter “político en contra de las provincias argentinas” y ser “de imposible cumplimiento”.
Por otra parte, el Gobierno nacional informó que los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”.
